Hoy, leyendo para una de mis clases –de comunicación por cierto-, me encontré con un fragmento que me gustaría compartir con ustedes:
“El poder que tiene un Presidente de gobierno o de nación se apoya en la legitimidad de derecho y la legitimidad de ejercicio:
a) la legitimidad de derecho: es la que otorga la ley al Presidente, y puede ser a su vez:
-estructural: viene determinada por la definición específica del puesto;
-ideológica: es la otorgada por el pueblo en las elecciones, tras las que la dirección del gobierno queda encomendad al líder de un partido político. Se expresa en la urnas y con una frecuencia de tiempo específica en cada país.
b) La legitimidad de ejercicio: es la legitimidad que se adquiere con el ejercicio del poder cuando éste es acorde con los prometido en la campaña electoral y con las preferencias y expectativas de los votantes.
Pues bien, el ejercicio del poder de un Presidente necesita tanto de la legitimidad de derecho como de la legitimidad de hecho. Es decir, el poder de “decidir” sobre la nación no culmina con la toma de una decisión, sino que hace falta además, que esa decisión sea aceptada y cumplida por aquello a quienes afecta. Para que esa decisión se acepte y cumpla, no le basta al Presidente con enarbolar un texto jurídico que le dé legitimidad estructural e ideológica; no le basta con apelar a los poderes que le otorgó la Constitución. Si sólo hiciera eso, probablemente provocaría en los ciudadanos una reacción negativa y de rechazo…”
El libro se llama Comunicación Política y el texto está en el capítulo 3. La Comunicación Política de las Instituciones, de la editorial Tecnos, Madrid; el autor, José María Canel.
Sólo para contextualizar, está semana he escuchado a Calderón seguir con su discurso de “primero los pobres”, pocos le creen; además, ¿qué no era –o es- el discurso del que se dice legítimo?
Otra. El Congreso decidió no eliminar las tres secretarías que se anunció en cadena nacional.
Antes. La reforma petrolera…
Por otra parte, hoy tengo ganas de hacer citas, y en referencia a lo que dijo nuestro flamante secretario de Gobernación en relación a su muy personal opinión sobre el aborto, aquí va un fragmento de lo que dijo la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, parafraseando al estadista Valèry Giscard, con motivo de su postura en el debate de hace poco más de un año, en ocasión de la discusión sobre el aborto en el Distrito Federal:
“La Ley Civil, debe hacerse compatible con el estado social, al margen de mis creencias religiosas, como integrante del más Alto Tribunal del país, en un República representativa, democrática y federal, cuyos principios democráticos reposan sobre la premisa del estado laico, no tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley responda al estado real de la sociedad, para que sea respetada y pueda ser aplicable...
… No podemos propiciar la presencia de posturas morales que discriminan a las demás religiones ni tampoco equiparar a las autoridades eclesiásticas con las civiles, ni fundar el orden público en la moralidad de una sola tendencia ética o religiosa, ni aceptar un vínculo sustancial previo de una concepción del bien que limite la soberanía del Estado.”
¡Bien por eso!
---Alexred---